La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso sin precedentes para recortar las emisiones de gases. La Casa Blanca amenazó con vetar la medidaPrimero que nada, me ha sorprendido la copia del discurso populista de Bush en boca de un demócrata apelando a la "creación de Dios". Pero me ha sorprendido más que el Congreso norteamericano haya aprobado semejante mamotreto lleno de buenas intenciones pero falto de toda base científica y ética.
La nueva normativa, que obliga a las compañías eléctricas a generar el 15 por ciento de la electricidad con energía solar y eólica al año 2020, fue aprobada por el Congreso estadounidense por 241 votos contra 172, pese a la oposición de la Casa Blanca y de las grandes compañías petroleras y de gas.
"Hoy la Cámara lanzó la política energética de Estados Unidos hacia el futuro. Este planeta es una creación de Dios; tenemos la responsabilidad moral de protegerlo", afirmó la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.
La nueva normativa exigiría que las compañías energéticas hagan costosas inversiones de riesgo en tecnologías que supuestamente emiten menos dióxido de carbono. El problema es que no está probado que el calentamiento global sea producido por las emisiones de carbono y que las producidas por el ser humano sean importantes frente a las emisiones naturales de dióxido de carbono. Obviamente estas costosas inversiones se agregarán a los precios de la energía que pagan los norteamericanos, el alto costo de la energía pondría en riesgo la vida de los ciudadanos de menos ingresos en el invierno y la seguridad de los alimentos en frigoríficos sobretodo al sur. Los altos costes de energía encarecerá la producción industrial e influirá al mediano plazo en el nivel de empleo en forma negativa, de hecho ello motivará que mas industrias norteamericanas cierren y trasladen operaciones en el sudeeste asiático, México y otros países. Los mas perjudicados serán los ciudadanos en los últimos niveles de ingresos, tanto porque tendrán presión a la baja de sus ingresos debido a la caída del empleo tanto como en el encarecimiento de los productos debido a los mayores costes energéticos. La medida también afectará al tercer mundo en la medida en que se incrementen los precios de productos importados de EEUU.
También la medida carece de toda ética como acontece con cualquier regulación gubernamental pues implica una imposición arbitraria sobre las compañías energéticas, cuando el derecho asiste a cualquier ciudadano a que sea éste el que discrimine el destino de sus inversiones. En una compañía privada son los accionistas los únicos que se encuentran en derecho de decidir que destino tendrá su capital, por otra parte los consumidores están en derecho de optar por otro proveedor si están en desacuerdo con las políticas ambientales de su proveedor de energía.
Además la medida es sospechosa pues protegería a compañías que ya han hecho inversiones en tecnologías "limpias" y pondría en desventaja a las empresas que no han planeado hacer estas inversiones y que ofrecen costos de energía convenientes para el consumidor. De hecho esta normativa estaría motivada por intereses corporativos ilegítimos utilizando como pretexto el absurdo argumento del cambio climático antropogénico.
Queda demostrado una vez mas que el estatismo y el mercantilismo pueden unirse en infeliz matrimonio en contra de los ciudadanos.
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